Introducción

Introducción

En las últimas décadas los espacios rurales de América Latina han experimentado una serie de transformaciones entre las que destacan la diversificación de su estructura productiva y la intensificación de sus vínculos económicos y sociales con las áreas urbanas. Esto se ha reflejado en la importancia creciente de las actividades de transformación y de servicios asociadas a la agricultura y al aprovechamiento de los recursos naturales y culturales; así como en un mayor acceso a los mercados, oportunidades de educación, empleo y servicios de apoyo a la actividad rural.

El concepto de territorio, como un “sistema complejo donde interactúan las diferentes dimensiones de la vida social y se define un entorno económico” (Echeverri y Moscardi, 2005), ha contribuido de manera importante a mejorar el análisis, planificación y gestión del desarrollo rural, debido a su capacidad para articular procesos y dinámicas fundamentales de las economías y sociedades rurales, como son el uso sostenible y la preservación del capital natural, la construcción y potenciación de capacidades locales, y el diseño de políticas públicas con criterios multisectoriales-territoriales, entre otros aspectos.

La planificación del desarrollo rural de la región Pacífico Sur puede ser apoyada a través de un enfoque funcional del territorio que reconozca la diversidad productiva de los espacios rurales y su distinto grado de integración con lo urbano, como alternativas de acceso a mayores oportunidades de desarrollo económico y humano.

En este sentido, la definición y medición de lo rural, el análisis de la accesibilidad a centros urbanos, la delimitación de territorios funcionales y las tipologías rurales-urbanas son elementos de información fundamentales que permiten dar cuenta de la diversidad de situaciones y la heterogeneidad territorial de la región Pacífico Sur, lo que es una condición necesaria para el diseño e instrumentación de políticas públicas más efectivas, que partan del reconocimiento de estas diferencias y que posibiliten, entre otros aspectos, una mejor planeación espacial de las inversiones en el territorio; la focalización y priorización de iniciativas y programas acorde a la realidad subregional-local, particularmente de los territorios más rezagados; la articulación entre los diferentes sectores de la administración pública y los distintos órdenes de gobierno; y el asociacionismo territorial en proyectos productivos y sociales de mayor impacto.